Una ley que impone la tenencia compartida, un guiño del gobierno a varones violentos

El 7 de julio de 2022 las senadoras y senadores de la coalición de gobierno presentaron ante la comisión de Constitución y Legislación el proyecto unificado por el partido Nacional y Cabildo Abierto de corresponsabilidad en la crianza.

Este proyecto de tenencia impuesta es un proyecto de ley del Presidente de la República Luis Lacalle Pou y busca vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) de nuestro país. Es apoyado por todos los partidos de coalición del gobierno. Estos proyectos responden a un lobby, a varones padres que HOY dicen públicamente que la Ley de Violencia Basada en Género (VBG) es inconstitucional y esto no es verdad: hay un claro intento por parte de varones organizados, que se encuentran representados por el gobierno actual, de buscar deslegitimar derechos conquistados legítimamente por la lucha organizada de feminismos y colectivos de la organización civil. Esta ley favorece a unos pocos varones, de nombres importantes, adinerados, violentos y denunciados.

La tenencia compartida en nuestro país ya existe, siendo que el 90% de los casos son resueltos en acuerdos entre les adultes. Un porcentaje menor es el que pasa a ser tratado mediante un juez, estos son los más complejos por abuso, proxenetismo, etc. Es decir que a través de este proyecto se intenta legislar para una minoría de varones, modificando la lectura sobre la Convención de los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y Adolescencia, desconociendo la realidad de muchas familias uruguayas.

Utilizan términos que apriori, ¿quién estaría en contra? “Tenencia compartida”, “corresponsabilidad en la crianza”. se hace el planteo de que esta ley sería una herramienta para incentivar a los padres a que participen sobre los cuidados de sus hijes y para que se vea una participación equitativa en los cuidados. En relación a esto debemos hacer alguna apreciación, primero debe haber un cambio sociocultural y económico. ¿Qué cosas son las que llevan a que la participación y la distribución de los cuidados no sea equitativa? En principio, no se puede pensar en un cambio cultural sin antes tener en cuenta la redistribución de la riqueza con justicia social, evitando la concentración de dinero en unos pocos sectores más acaudalados. En segundo lugar, para disminuir la desigualdad a la hora de hablar de distribución de los cuidados debemos superar la cultura de la división sexual del trabajo, trabajar en masculinidades y roles de género. Para ello hacen falta políticas públicas de calidad que sean transversales e integrales pues no se puede pensar soluciones simples para asuntos complejos, que incluyen diversos aspectos, la salud, la educación, vivienda, trabajo, etc. Asumir ese compromiso significa que tiene que contar con presupuesto, y este gobierno discursivamente dice ser responsable pero no destina un peso para políticas públicas, un ejemplo es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Cuidados.

El proyecto de Ley pone en el centro a las y los adultos y luego a las niñeces invirtiendo el enfoque de las leyes actuales que plantean que el Estado debe garantizar en PRIMERA instancia el interés superior de niñeces y adolescencias y a partir de ahí establecer derechos y obligaciones a sus mapadres. En este sentido las niñeces y adolescencias son considerados omisos, donde su voz e intereses no son respetados a la hora de definir su propio bienestar, desprotegiéndolos siendo estos en muchos casos víctimas de violencia y abuso sexual.

Que este proyecto vulnera derechos de niñeces y adolescencias no hay duda, pero tenemos que decir que quienes son los más perjudicados son las y los NNA MAS POBRES de nuestro país. El acceso a la justicia no es el mismo para todas las familias de nuestro país. Si no se cuenta con determinada capacidad económica para solventar un abogada-os quedan sujetos a los que se pueda facilitar desde los juzgados de familia. Y en este aspecto vemos que hay grandes deficiencias debido a la falta de presupuesto para el Poder Judicial que hagan viable los procedimientos, las deficiencias en los sistemas de atención, que se cuente con la cantidad de RRHH para poder dar respuesta a la demanda de la cantidad de familias que solicitan llevar a delante estos procedimientos, etc. Por lo tanto, tenemos un acceso desigual a la justicia y nuestras niñas, niños y adolescentes más pobres siguen siendo les más golpeados, les mas vulnerados.